Conciencia Solidaria
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No agrotóxicos / No transgénicos  







 

Conciencia Solidaria trabaja para prohibir las fumigaciones masivas e indiscriminadas con agrotóxicos. También para concientizar sobre la necesidad de llevar a la práctica una Alimentación Evolutiva, no transgénica y libre de agrotóxicos, en pos de la construcción de una Soberanía Alimentaria Consciente.

El por qué de esta campaña
LOS TRANSGÉNICOS SOLO GENERAN DESPOJO, CONTAMINACIÓN Y HAMBRE.
El modelo sojero instaurado es producto de la agenda de agronegocios que las corporaciones pretenden imponer en nuestro país. Implica la adhesión irrestricta a tecnologías concebidas para generar dependencia y concentración de riquezas.

Se trata de un sistema perverso que expulsa del campo a pequeños y medianos productores, en aras de favorecer a sectores empresariales y financieros que, operando juntos, se popularizaron como “pooles de siembra”.

Pese a los enormes perjuicios que los monocultivos transgénicos ocasionan a los suelos, los agrotóxicos como el glifosato, son moneda corriente en el campo, destruyendo la biodiversidad y causando múltiples enfermedades y muertes en humanos, fauna y flora.

¿Pensarán remediar con más tecnología la contaminación y letal pérdida de fertilidad resultantes?

Son muchos los pobladores de zonas rurales, incluyendo pueblos originarios, que no reciben solamente glifosato y otros derivados. Hay una larga lista de otros plaguicidas, entre ellos los insecticidas endosulfán y clorpirifós y el herbicida 2,4 D. Argentina bajó su biodiversidad nativa a niveles alarmantes, pero también bajó su diversidad de cultivos y productos agropecuarios. Terribles enfermedades y muertes, no reconocidas oficialmente pero sí por centros de investigación científica, son la resultante del avance de soja transgénica en el país. Exigimos que empresas como Monsanto, creadora de transgénicos y agrotóxicos, se vayan de Argentina.

Avances de campaña
Conciencia Solidaria trabaja activamente para modificar en la provincia de Santa Fe la actual Ley de fitosanitarios, solicitando la prohibición de las fumigaciones aéreas y la restricción de las fumigaciones terrestres a menos de 800 mts. del ejido urbano. Se han presentado en la legislatura provincial más de 25.000 firmas por la modificación de la ley citada.


NOTA ENTREGADA AL
SR. GOBERNADOR ANTONIO BONFATTI EL 3-12-14

2 de Diciembre de 2014

Al Sr. Gobernador de la Provincia de Santa FeDr. Antonio Bonfatti.

S______________/_________________D

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, miembros de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y del Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, hacen llegar a usted, formal pedido de que sea incorporado, al tratamiento en Sesiones EXTRAORDINARIAS, el proyecto de modificación de la Ley 11.273/95, Expte. 27779 DB, que ya cuenta con dictamen favorable de la totalidad de las comisiones a las que fue girada.

CONSIDERANDO

Que es de suma importancia dar tratamiento de este proyecto de modificación de la ley 11.273/95 en el seno de las instituciones democráticas ya que los mecanismos constitucionales así lo establecen.

Que este proyecto de Adecuación de la normativa provincial, intenta proteger la salud de los ciudadanos y de la naturaleza, ante un sistema productivo altamente contaminante debido a los Agroquímicos que utiliza.

Que gran parte de los compuestos químicos utilizados por este modelo de producción, esparcidos libremente al ambiente, provocan un alto impacto en la salud de las personas y del ambiente, por cuanto Urge la necesidad de salvaguardar la vida y establecer medidas excepcionales de resguardo para la población y los ecosistemas, ya que muchas de estas sustancias tienen una, o varias, de las siguientes características:

• Toxicidad aguda alta (incluyendo toxicidad por inhalación, contacto dérmico o alimentario) y/o,

• Efectos tóxicos de largo plazo por exposición crónica (carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad reproductiva, alteración endocrina) y/o,

• Alta preocupación ambiental ya sea por exposición generalizada, bioacumulación o toxicidad, y/o,

• Que se sabe que causa una alta incidencia de efectos graves o irreversibles en la salud humana o/y en el medio ambiente.

Apelando a su sensibilidad como médico, y dadas las facultades que le otorga la Constitución Provincial (Art. 72 inc. 14), le SOLICITAMOS habilite, para su tratamiento en Sesiones Extraordinarias, el proyecto al que referimos.

Esta solicitud está avalada por la creciente inquietud de un extendido sector de la ciudadanía santafesina, como lo prueban las 100 cartas de distintas ONG (mutuales, sindicatos, asociaciones culturales, educativas, fundaciones, clubes, etc) que fueran entregadas a la secretaria de Casa de Gobierno, en acto público, el mes pasado.

Quedando a la espera de una respuesta favorable, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte.-Firman en representación de la Multisectorial Paren de Fumigarnos:

 

Carlos Manessi, Victoria Dunda
DNI 7.686.363 DNI

CEPRONAT ABOGADA DE PUEBLOS FUMIGADOS


En representación del FORO SANTAFESINO POR LA SALUD Y EL AMBIENTE:
Paulina Riera, Ester Yapur, Gladys Collasius
DNI 4823859 DNI 4823096 DNI 11790221

ADECI: Centro de Estudios “A. Olmos” “Conciencia Solidaria”, Asoc. Defensa del Ciudadano


LA TERCERA NO FUE LA VENCIDA
Así es, la tercera no siempre es la vencida, se trata del proyecto de modificación de Ley Nº 11273, mal llamado de “Fitosanitarios”, es el tercer proyecto presentado tratando de salvaguardar la VIDA, restringiendo el uso de venenos en el actual Modelo Agro-Industrial, y por tercera vez, lo dejaron caer, es decir, perder estado parlamentario.

Este último proyecto, redactado por organizaciones sociales, prohibiendo las fumigaciones aéreas, alejando 800 mts. las terrestres, y 1000 mts., de las escuelas rurales, entre otras medidas en toda la Pcia. de Santa Fe, fue presentado en mayo de 2013, con la firma del diputado José Tessa, y el acompañamiento de otros cuatro.

Como es habitual fue girado a comisiones, al cabo de un año, fue aprobado en la comisión de Agricultura, y luego de cuatro meses y de insistencias por parte de todo el colectivo “Paren de Fumigarnos” y del “Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente”, donde Conciencia Solidaria participa activamente, fue aprobado en la comisión de Medio Ambiente, y éste 27 de noviembre, último día de sesiones en la cámara, por la mañana, fue aprobado en Asuntos Constitucionales.Por la tarde del mismo día, debía tratarse en la cámara de diputados, pero los señores no dieron QUÓRUM, y con esto, terminó el año legislativo ordinario.

Parece ser que no fue suficiente el material de investigación, las 30.000 firmas de santafesinos y las 100 cartas institucionales que fueron presentadas acompañando el proyecto.

Ahora sólo nos resta esperar que el Señor Gobernador Antonio Bonfatti, incluya este proyecto en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Difícil vemos que se tenga intención de cambiar esta situación, suficiente tiempo tuvieron y no lo hicieron.Los santafesinos seguimos desprotegidos y nos van a seguir envenenando.

¿A QUÉ TENEBROSO PODER RESPONDEN LOS SEÑORES DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA FE?
¿AL PUEBLO QUE LOS ELIGIÓ Y LOS PUSO EN EL LUGAR QUE OCUPAN? PARECE SER QUE NO.

¡NO BAJAREMOS LOS BRAZOS!
¡SEGUIREMOS INSISTIENDO!

¡LA VIDA NO SE NEGOCIA!

Adriana Arach
Coordinadora Regional Santa Fe
Conciencia Solidaria ONG Interprovincial
(011) 15 3264-9644 // (0341) 15 5073-848


PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO
DE LA LEY 11.273. SANTA FE

PROYECTO MODIFICADO CON LAS PROPUESTAS DE LOS PUEBLOS FUMIGADOS

La LEGISLATURA de la PROVINCIA SANCIONA con FUERZA de LEY

Articulo 1: Modifíquese el Capítulo I artículo 1|; Capítulo II, art 2° y 3°; Capítulo V Derógase art 11 y modifíquese art 12 y 13; Capítulo VI art. 19; Capítulo X, art. 29 Capítulo XI art. 32; 33;34 y incorpore art 35 y 36; Capítulo XII art 39 incorpórese art. 39 bis. Los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 1°: Son objetivos de la presente ley, la protección de la salud humana, de los recursos naturales y la producción agrícola, estableciendo los principios rectores para la utilización de agroquímicos dentro de todo el territorio provincial a fin de evitar la contaminación de los alimentos, del ambiente y la salud humana.-

Artículo 2°: Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias, la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades, depósito, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y disposición final de envases de agroquímicos  cuyo empleo, manipulación o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población o del ambiente.

Artículo 3°: El Ministerio de Producción será la Autoridad de Aplicación de la presente ley, quien requerirá de la participación del Comité Interministerial de Salud Ambiental creado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante el decreto Nº 815/10.

Artículo 12: Todos los propietarios de equipos de aplicación terrestre de agroquímicos, utilizados para servicios a terceros o para uso propio en las explotaciones rurales, en silos bolsa, silos campo, plantas de acopio, plantas de acondicionamiento y plantas de terminales portuarias, deberán solicitar a los Municipios y Comunas que posean convenios con la autoridad de aplicación, la matriculación de tales equipos en los plazos y con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la presente ley.

Cuando no existieren tales convenios, la matriculación se tramitará ante el organismo previsto en el artículo 8º, dependiente del Ministerio de la Producción.

Artículo 13: A los efectos de su inscripción en el registro que establece el artículo 4º de la ley, las personas físicas o jurídicas que se dediquen a realizar trabajos de pulverización terrestre por cuenta de terceros o para uso propio, en explotaciones rurales, o trabajos de aplicación en post-cosecha, utilizando agroquímicos a los que refiere el artículo 28 de la ley, deberán:

a) requerir de un Ingeniero Agrónomo matriculado la habilitación de los equipos a utilizar para la actividad a los efectos de su registro. El número de matrícula que se asigne deberá ser impreso en la maquinaria en cuestión, conforme a la reglamentación de la presente ley.

b) declarar identidad y domicilio de las personas que utilicen o conduzcan el o los equipos terrestres, a fin de que las mismas obtengan la habilitación correspondiente para operarlos.

c)  Podrán realizar solamente aplicaciones terrestres de agroquímicos, quienes cuenten con la autorización de aplicación extendida por un Ingeniero Agrónomo matriculado. El profesional autorizante deberá llevar el registro que establece el artículo 23 inciso c) de la presente ley y contar con la habilitación requerida por el inciso b) del mismo artículo. La autorización se extenderá por cuadruplicado, quedando el original en poder de la comuna o municipio, quien deberá archivarla por el término de 10 años y transcribir sus datos a los registros especiales que se crearán al efecto; el duplicado en poder del profesional actuante, triplicado en manos del propietario o titular registral del equipo de aplicación y el cuadruplicado será entregado al productor comitente, pesando sobre ellos la obligación de archivar las autorizaciones por el término de dos (2) años contados a partir de su fecha de emisión. Cuando la maquinaria sea utilizada para uso propio en las explotaciones rurales, bastará la autorización profesional por triplicado, con la misma obligación de archivar la documentación por igual lapso. (Una para el Municipio, otra para el profesional y otra para el productor/aplicador)

d) dar cumplimiento a las demás condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 19: Cuando los establecimientos dedicados a alguna de las actividades que señala el artículo 13 de la ley, se encuentren ubicados en las proximidades de alguno de los lugares que hacen referencia el artículo 34 de la presente, deberán ajustar su funcionamiento a la reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

Artículo 29: Prohíbase la venta y uso libre de todos los productos mencionados en el art 28 de la presente ley, por consiguiente cualquier uso o venta deberá estar autorizada por Ingeniero Agrónomo, con receta con copia triplicada, las que quedarán en poder del usuario, el Ingeniero Agrónomo y el vendedor; fijándose una responsabilidad mancomunada en caso de incumplimiento. Las recetas de compra y venta de dichos productos deberán especificar, nombre del producto,  modo de aplicación, cultivo que se trata, nombre y apellido del dueño del campo, del productor, y la firma del Ingeniero Agrónomo con su matrícula habilitante a la cual se le adjuntara el recibo de venta correspondiente, la cual será archivada por el plazo de dos años.-

Artículo 33: Aplicaciones aéreas:
Prohíbase la aplicación y/o aspersión aérea de plaguicidas, agroquímicos y/o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres de interés agrícola y/o forestal cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis. Queda exceptuada de la presente prohibición la pulverización aérea realizada con fines sanitarios con el expreso consentimiento de la autoridad sanitaria y medioambiental. En el caso de campañas sanitarias las autoridades deberán comunicar a la población afectada con suficiente tiempo de antelación la fecha y hora de aplicación, de modo que se puedan tomar las medidas correspondientes a fin de reducir el riesgo durante la exposición. Deberá informar también el producto activo y formulado a utilizar y el posible impacto que pudiera causar en la salud humana, en los vegetales y animales destinados al consumo.

Artículo 34: Aplicaciones terrestres:
Prohíbase la aplicación terrestre de plaguicidas, agroquímicos y/o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis, dentro de un área de 800 metros de las plantas urbanas, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial y de 1000 mts  para establecimientos educacionales rurales.

El área de exclusión de agroquímicos quedará delimitada por la línea 0 del ejido urbano y hasta los 800 mts. o 1000 mts. si hubiere establecimientos escolares rurales. De los 800 o 1000 mts., según sea el caso, hasta los 1500 mts. sólo se podrá utilizar agroquímicos de clase III y IV; desde los 1500 mts. hasta los 3000 mts., sólo se utilizaran agroquímicos de calase II y desde los 3000 mts. en adelante sólo los productos de clase Ia y Ib, con la debida justificación conforme a la reglamentación.

Artículo 35: Se Prohíbe en todo el territorio provincial las aplicaciones de productos agroquímicos en banquinas ubicadas en los ejidos municipales y/o comunales como así también en las rutas provinciales y rutas nacionales que transiten por la provincia. La autoridad de aplicación conjuntamente con el Comité Interministerial podrán disponer aplicaciones selectivas mediante resolución fundada, si existieren razones que lo justifiquen, con la finalidad de preservar el medio ambiente y/o la Salud.

Artículo 36: La autoridad de aplicación promoverá en coordinación con la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, los Municipios y Comunas, la Agricultura Familiar, o en acuerdo con los propietarios, políticas de fomento en áreas suburbanas y en las zonas de prohibición de aplicación de agroquímicos, producciones alternativas Agroecológicas, que aseguren una producción sana, promoviendo el mercado local y regional, priorizando la utilización de estos espacios a los pequeños productores y/o producciones familiares en base a la ley 25.127/99 (certificación de producción orgánica SENASA)

Artículo 39: En aplicación del principio de prevención y el de consentimiento previo informado, se prohíbe en todo el ámbito provincial el tratamiento mediante productos pesticidas o insecticidas en camiones y/o vagones ferroviarios de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de éstos. Se prohíbe la venta libre y la utilización de los siguientes productos: Fosfuro de Aluminio, Fosfuro de Magnesio, Fosfina, Bromuro de Metilo o cualquier otro producto que los contenga; como así también de algún otro formulado que pudiera crearse con igual toxicidad.

Para la aplicación y utilización en silos campos, silos bolsa, plantas de acopio, plantas de acondicionamiento de granos, plantas de terminales portuarias se deberán reunir las condiciones que establezca la reglamentación. En éstos establecimientos no podrán utilizarse  agroquímicos ni pesticidas de ningún tipo dentro de la zona urbanizada ni a una distancia menor a 800 metros del límite de éstas.

Artículo 39 bis:
Los envases de agroquímicos no podrán ser almacenados a la espera de su disposición final dentro del área de 800 mts o 1000 mts según sea el caso, referidos en el art. 34.

Las personas físicas y/o Jurídicas productoras y/o expendedoras deberán recibir los envases de agroquímicos para su reutilización con el mismo fin o para su destrucción si no fueren reutilizables, conforme las normas establecidas para el tratamiento de este tipo de residuos peligrosos. El transporte de los envases deberá realizarse en vehículos aprobados para el transporte de sustancias peligrosas.

Queda terminantemente prohibido el reciclado o reutilización de los envases de agroquímicos para cualquier otro tipo de actividad.

Fundamentos:
El actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), que estarían afectando seriamente la salud de la población que convive con estos cultivos.

En las ultimas décadas los sistemas productivos agrícolas han sufrido una mutación trascendente, cuya manifestación mas ostensible ha sido la incorporación masiva de una variedad de soja modificada genéticamente, siendo su principal característica la resistencia a los herbicidas, con el consecuente “ahorro” para los productores en desmalezamiento y fumigación indiscriminada, posibilitando a corto plazo un mayor rendimiento económico de los campos con respecto a las tradicionales actividades agrícola-ganadera.

En la última campaña se concretó una cosecha de casi 54 millones de toneladas de soja transgénica. La extensión de la superficie cultivable en nuestro país se calcula en 31.000.000 de hectáreas (ha), la ocupada por soja transgénica fue de 18.182.000 millones de hectáreas (58,65%); el total de la superficie cubierta de OGM fue de 21.294.000 hectáreas (68,69%), pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, La Pampa y Corrientes. En esta área de país viven, por lo menos, 7 millones de habitantes, si excluimos la población de las grandes ciudades en esas provincias.

La actual agricultura, se compone de un paquete tecnológico compuesto por la siembra directa, las semillas transgénicas y los agroquímicos.

La modernización de la agricultura y el incremento de las producciones, tanto en volumen como en extensión cultivada, han ido acompañados de un aumento en la utilización de plaguicidas y fertilizantes, denominados agroquímicos.

El término genérico agroquímicos, refiere a las sustancias manufacturadas por la industria química utilizadas en la actividad agropecuaria. Se componen  por dos grupos principales: los fertilizantes y los plaguicidas (pesticidas o productos fitosanitarios). Estos últimos, a su vez, están compuestos por los herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros.

Una vez liberados al ambiente, los plaguicidas pueden contaminar los ríos, las capas freáticas, el aire, la tierra y los alimentos.

Los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana pueden ser Agudos y/o Crónicos, los primeros se manifiestan a corto plazo, donde encontramos efectos neuro-comportamentales, gastrointestinales, respiratorios, musculares y de la piel. Las intoxicaciones agudas también pueden causar la muerte en el curso de las semanas. Los segundos se hacen evidentes luego de un largo período de tiempo, los efectos crónicos provocan problemas de desarrollo y la reproducción, disrupción endocrina, problemas neuro-comportamentales, efectos carcinogénicos e inmunológicos.

Desde hace varios años se alerta por la presencia inusual de un número asombrosamente elevado de habitantes que presentan enfermedades malignas, cánceres principalmente, y también una llamativamente excesiva aparición de malformaciones congénitas en recién nacidos, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad.

Hoy, a 20 años de la incorporación masiva del cultivo de OGM en la Argentina, es imposible negar que la salud de la población que convive con esta producción esté reflejando muestras evidentes de una agresión de gran magnitud, que se expresa, principalmente, en las malformaciones, cánceres y abortos espontáneos que hemos manifestado más arriba.

En 1990 se utilizaron 35 millones de litros de agroquímicos en la campaña agropecuaria; con el ingreso de la biotecnología transgénica en el año 1996 se aceleró el uso consumiéndose 98 millones de litros de plaguicidas; en el año 2000 ya fueron 145 millones de litros, el año pasado (2012) fueron 292 millones de litros y este año estaremos rociando los campos con más de 300 millones de litros de herbicidas, insecticidas, acaricidas, desfoliantes y demás venenos. El más utilizado es el herbicida glifosato, del que se puede llegar a aerolizar, este año, 200 millones de litros. La pulverización del venenoso insecticida endosulfán insume cerca de 10 millones de litros por año, cabe mencionar que la Resolución 511/2011 del SENASA prohíbe la importación de dicho insecticida y sus productos formulados a partir del 2012 y su utilización y retiro del comercio hasta Julio del 2013.

Dentro de los daños a la salud humana que se evidencian a raíz de la aplicación de estos productos podemos citar el informe del 1º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados de Octubre de 2010 que ratifican con estudios científicos lo anteriormente descripto.

 

En nuestra provincia no hay datos certeros de cuánto producto agroquímico es rociado en la población y en los cultivos. Tampoco existe información certera de la cantidad de personas afectadas por los mismos ya que son escasos los informes toxicológicos correspondientes.

Tras la sanción de la Ley 11.273, en el año 1995, fue incesante el incremento del uso de agroquímicos, tanto en concentración como en cantidad. Este hecho incuestionable obedeció no sólo al aumento del área dedicada a la agricultura sino a la igualmente incesante aparición de las llamadas “resistencias”, mecanismos de la naturaleza que reproduce sus ejemplares más “resistentes” frente a la agresión externa, lo cual ha generado una carrera entre agroquímicos y las llamadas “plagas”, sin un final predecible, en la cual el entorno medioambiental y dentro de éste, los seres humanos, no resultan meros espectadores.

Combinando cifras de CASAFE (Cámara de Sanidad Vegetal y Fertilizantes), CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos) y KLEFFMANN GROUP, entre otros, podemos afirmar que desde la década de los 90 a la fecha, en cifras redondas de 30 millones de kg/lts año hemos superado los 300 millones de kg/lts en el año 2010, con un incremento interanual en aumento entre 2008/2009 (15%) y 2009/2010 (20%).

 

Estudios de laboratorio y de campo, realizado por Universidades han demostrado en todo el mundo el carácter contaminante –en distinto grado- de los agroquímicos.
Investigaciones locales demuestran la vinculación entre las aplicaciones de pequeñas dosis de herbicidas catalogados como Clase IV (levemente tóxicos), entre ellos el Glifosato, y la generación de múltiples malformaciones en vertebrados. La investigación del equipo del Dr. Carrasco del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA es tan sólo una entre tantas de las que se vienen realizando en nuestro país y que advierten sobre la particular incidencia de los agroquímicos sobre toda la vida y, en especial, por analogía, sobre aquellas especies que son compatibles con la nuestra.

 

En el punto nº 21 de la demanda entablada por Ecuador contra Colombia por causa de las aspersiones realizadas por este último en la frontera común con formulados de glifosato por ante la Corte Internacional de La Haya (2008) puede leerse que “algunos estudios toxicológicos recientes también sugieren que el glifosato presenta riesgos muy reales determinado que produce efectos adversos en todas las categorías de pruebas toxicológicas estándar. Estas pruebas incluyen toxicidad a mediano plazo (lesiones en las glándulas salivales), toxicidad a largo plazo (inflamación de la mucosa gástrica), daños genéticos (en las células de la sangre humana), efectos sobre la reproducción (reducción en el conteo de espermatozoides en ratas; mayor frecuencia de esperma anormal en conejos) y su poder cancerígeno (elevada frecuencia de tumores de hígado en ratas macho y cáncer a la tiroides en ratas hembra). Aunque, evidentemente, no se han realizado experimentos en seres humanos, los estudios realizados a personas expuestas al glifosato (generalmente agricultores) indican una asociación con un mayor riesgo de abortos, nacimientos prematuros y linfoma no Hodgkin. La toxicidad del glifosato es especialmente grave cuando se lo inhala, como sería el caso en exposiciones al vapor que provocan las aspersiones aéreas.”

Recogiendo conclusiones de la Comisión Científica Ecuatoriana (2007)


En la frontera entre ambos países

Sin embargo este dato sólo refleja una parte del problema, ya que el elemento activo se presenta en sus formulaciones comerciales unido a otros productos llamados coadyuvantes, surfactantes, detergentes y demás elementos químicos para facilitar los efectos específicos, en muchos casos genéricamente mencionados y protegidos por el llamado “secreto industrial”.

En la demanda de la República del Ecuador puede leerse que “Aunque generalmente se los califica como “inertes” (en contraste con el ingrediente “activo”, el glifosato), estos químicos son en ciertas ocasiones más tóxicos que el glifosato mismo y hacen que la combinación sea aún más tóxica. Un surfactante común usado con el glifosato, y presuntamente incluido en la mezcla utilizada por Colombia, es la tallowamina polietoxilada (“POEA”), la misma que, utilizada sola, ha demostrado causar quemaduras en los ojos, enrojecimiento y ampollas en la piel, náuseas y diarrea. El glifosato y la POEA combinados son significativamente más tóxicos que cualquiera de los dos administrado por separado”.

Científicos de la Universidad Nacional del Litoral han sostenido en un informe de septiembre de 2010 que “No deberían registrarse productos que no detallen todos los ingredientes en su rótulo. Los ingredientes denominados en las formulaciones de fitosanitarios como inertes, coadyuvantes o sustancias auxiliares pueden aumentar significativamente los efectos neurotóxicos, genotóxicos y de perturbación endocrina. Pueden también aumentar la absorción dérmica, disminuir la eficiencia de indumentaria protectora, aumentar la movilidad y persistencia ambiental.”

Glifosato UNL

Al respecto el doctor Damián Verzeñassi, subsecretario Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en Salud socio-ambiental, advierte sobre los riesgos en la utilización de los coadyuvantes disponibles comercialmente. La acción detergente de los surfactantes, afirma, está relacionada con enfermedades neurológicas (los detergentes limpian las grasas, y nuestro sistema nervioso es fundamentalmente grasa), así como con disrupciones endócrinas. El principal componente de nuestras membranas celulares son los lípidos, sin los cuales no habría membrana y por lo tanto células, precisamente lo que “disuelven” los coadyuvantes para facilitar la penetración de herbicidas e insecticidas en la estructura celular de los cultivos, además de cumplir otras funciones que hacen más “eficaces” las pulverizaciones. En esencia, actúan como los detergentes hogareños comunes, salvo que con una agresividad sensiblemente mayor ya que no degradan las grasas inertes sino las que componen los organismos vivos.

En reciente decisión judicial, datada en octubre de 2011, la Cámara Contencioso Administrativa n° 2 de la ciudad de Rosario, en autos ““SPEEDAGRO S.R.L. contra COMUNA DE AREQUITO sobre MEDIDA CAUTELAR” (Expte. C.C.A.2 N°117/11) ratificó la decisión de la Comuna de Arequito de restringir la utilización de ciertos coadyuvantes en razón de sus riesgos potenciales. “Con relación a los coadyuvantes, para nada mejora su posición lo manifestado (…) por el incidentista en tanto admite que “existe controversia respecto a si el nonilfenol etoxilado puede alterar el sistema hormonal. Precisamente, la duda o incertidumbre científica torna aplicable el principio precautorio que autoriza a la comuna a proceder como lo hizo”.

Un problema creciente en la agricultura implementada en nuestro país –y a nivel global- deviene de la aparición de “plagas” que, como se ha dicho anteriormente, van adquiriendo las llamadas “resistencias” que se producen debido al uso de plaguicidas químicos. Esto significa que las mismas cantidades, concentraciones y formulados van perdiendo eficacia –entendida ésta como la capacidad de eliminar organismos vivos-  frente a la supervivencia de ejemplares que cuentan con mayor capacidad innata de soportar la agresión, requiriendo para su eliminación el aumento de aquéllas.

Algunas  publicaciones especializadas aportan datos de interés al respecto:
En el mundo ya se han detectado más de 300 malezas resistentes a herbicidas oficialmente aceptadas; incluso en países cercanos las resistencias se suman entre varios productos potenciando el inconveniente.

Diario Clarín, 20/08/2010

En el mismo medio, un año después, podemos leer que “La Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombres (EEAOC), en Tucumán informó que en el caso de la equinocloa, resistente al glifosato, “existen diversos productos disponibles para su control y manejo: la estrategia de mayor efectividad resulta ser un “doble golpe” con herbicidas. En este caso, la aplicación de un graminicida, seguida -a la semana- de otra con una mezcla de glifosato y 2,4-D, se evidencia como la estrategia más utilizada en barbecho de soja y maíz.”

Clarín Rural, 20/08/2011

En consonancia con lo relatado, a efectos de posibilitar la utilización de agroquímicos de mayor toxicidad, ante el Ministerio de Agricultura se han aprobado o se encuentran en trámite de serlo, diferentes semillas modificadas genéticamente, advirtiéndose  casos de semillas preparadas para ser fumigadas  simultáneamente con formulaciones comerciales con glifosato, glufosinato y 2-4D.

Sobre el herbicida 2-4 D, el laboratorio de Toxicología Experimental de la Universidad Nacional de Rosario, en publicación de marzo de 2011 de la revista internacional ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY recuerda que “El herbicida 2-4-diclorofenixiacético (2-4-D) ha sido ampliamente utilizado en la agricultura y la silvicultura desde 1940. 2-4-D se ha demostrado que produce una amplia gama de efectos adversos de embriotoxicidad y teratogenicidad a la neurotoxicidad sobre salud animal y humana.” (El estrés oxidativo de la próstata ventral, ovario y de mama en un ácido 2,4-Diclorofenoxiacético en ratas expuestas pre y post natal” (A. Pochettino, B. Bongiovanni, R. Duffard y A.M. Evangelista de Duffard).

Sin mayor esfuerzo se advierte que el incremento en concentraciones y toxicidades, independientemente del análisis de su viabilidad en el tiempo, va acompañado del empeoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias.

Las razones expuestas, que no excluyen otras, evidencian la necesidad de actualizar la legislación provincial, emergida en un contexto cuantitativamente diferente cuando además se desconocían -o subsistía la controversia- sobre el carácter contaminante de todos los agroquímicos –en distintos grados- que hoy claramente se develan. La primera conclusión del aludido informe de la U.N.L. es elocuente: “No existen agroquímicos inocuos” (pág. 143). Subyacía por entonces un  enfoque primordialmente productivista, bien distante de las urgencias actuales. La abundancia de recursos técnicos y humanos oficiales y privados orientados al aspecto económico no ha tenido el simétrico correlato recursivo que -al menos- hubiera sido esperable, dedicado a la detección de los perjuicios al medio ambiente y la salud.

A partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, que incorpora el Art.41 instando al Congreso de la Nación a dictar las normas de presupuestos mínimos ambientales, fue sancionada la llamada Ley General del Ambiente n° 25.675 en la cual destaca el principio precautorio contenido en su artículo 4º: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. El cual es recepcionado judicialmente a través de los siguientes fallos: el ya mencionado (SPEEDAGRO S.R.L. contra COMUNA DE AREQUITO sobre MEDIDA CAUTELAR (Expte. C.C.A.2 Nº117/11);  el fallo “PERALTA, V. y otros c/MUNICIPALIDAAD DE SAN JORGE y otros s/Amparo Exp. Nº 198/09” y en concordancia, la Secretaría de Ambiente de la Nación, el más alto organismo en la materia, en la Resolución 1238/11 resolvió la aplicación de este principio al detener un emprendimiento productivo por el peligro potencial que conllevaba entre otras razones el “incremento en el vertido de agroquímicos, particularmente fertilizantes y pesticidas nocivos para la vida acuática” : “…el Proyecto Productivo Ayuí Grande constituye un peligro de daño grave e irreversible, en los términos del principio precautorio establecido por el artículo 4º de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, por degradación del ambiente…”.

En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con las discapacidades, aseverando que las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de estos productos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos. Ante esta situación, el organismo reclama la implementación del Principio Precautorio demandando “una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio” y a que el Ministerio de Salud tome medidas preventivas y eficaces. (En la mira de los agrotóxicos.

Es del mismo modo incuestionable que los daños a la salud y el medio ambiente resultan inversamente proporcionales a la distancia entre fumigaciones y  zonas sensibles. Igualmente resulta de sentido común que quienes habitan las zonas cercanas a las aplicaciones se encuentran sometidos a la mayor agresión,  por lo cual deviene inaceptable y no se compadece con elementales normas de convivencia y respeto a los derechos humanos que ésta o cualquier actividad se cimente sobre el sacrificio forzado de un sector de la población, habitante de la periferia de pueblos y ciudades, caseríos, o personal y alumnos de escuelas rurales, el cual no sólo carece de los métodos de protección que aconsejan los fabricantes de los agroquímicos para su utilización sino que generalmente coincide con el de mayores vulnerabilidades, como ha quedado expuesto en los fundamentos de ordenanzas recientes (vg. Comuna de Zavalla). Por lo tanto sostenemos la regulación de la zona de exclusión de 800 o 1000 mts, según sea el caso, libre de agroquímicos.

La propuesta de prohibir las fumigaciones aéreas responde a varias razones. Su volatilidad extrema la convierte en altamente peligrosa.  La directiva N°128 del año 2009 del Parlamento Europeo directamente recomienda su prohibición, citando en su considerando 14: “La pulverización aérea de plaguicidas puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente, sobre todo por la deriva de la pulverización. Por tanto, la pulverización aérea debe prohibirse en general (…)”.

Resulta pertinente recoger la experiencia sobre fumigaciones aéreas de estos países no sólo desde su postura crítica respecto de las mismas -en ocasiones disímil por factores ajenos al objeto de este análisis- sino porque finalmente lograron detenerlas. Así también desde Colombia existieron autorizadas voces de advertencia: “El Comité reitera su posición de no recomendar la utilización de glifosato o cualquier otro herbicida por medio de aspersiones aéreas… el programa propuesto no es aconsejable, porque significaría aceptar la realización de experimentos con seres humanos.” (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Colombia. Segunda Sección, Subsección “B”, 13/06/2003, “Claudia Sanpedro y Héctor Suárez contra el Ministerio del Ambiente y otros”. (Col.), p. 15, citado en “Ecuador vs. Colombia”).

Por otra parte, la estructura de control gubernamental se encuentra absolutamente impotente frente a eventuales violaciones desde que carece de los mínimos elementos técnicos y humanos para verificar o eventualmente detener  una aplicación aérea en flagrante violación de cualquier normativa -vg. verificación de cumplimiento periódico de la revisión técnica de aparatos o exámenes a pilotos- con posibilidades de despegue y carga desde jurisdicciones diversas de aquélla donde se realiza la aplicación,  verificándose en la práctica el frecuente sobrevuelo sobre zonas pobladas conforme lo han venido denunciando vecinos y autoridades.  El riesgo implicado en la aplicación aérea de productos que conllevan diversos grados de toxicidad, con gran volatilidad y sin posibilidad de control eficaz impiden convalidar la aspersión aérea de productos indudablemente contaminantes, como se ha expuesto. De tal modo que no sólo nos hallamos -cuanto menos- frente a la situación que tornaría aplicable el Principio Precautorio sino frente a prácticas decididamente peligrosas por lo cual hemos propuesto restringir totalmente las fumigaciones con métodos aéreos, salvo situaciones sanitarias específicas que lo requieran, en cuyo caso, devendrá indispensable contar con una directiva oficial emanada tanto del Ministerio de Salud Provincial cuanto de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia que garantice que los riesgos potenciales son menores que los beneficios sanitarios y ambientales esperados.

Corresponde revisar del texto original la posibilidad de que ordenanzas comunales o municipales pudieran dictar normas más permisivas, del modo en que actualmente se encuentra redactada la ley en su artículo 33. Lo resuelto por la justicia en el “fallo Arequito” -reiterando conceptos jurídicos vigentes expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-  recuerda que “autorizada doctrina ha explicado que las normas inferiores, pueden ser diferentes a las de jerarquía superior, y con ello, no violan la supremacía federal, siempre y cuando la discrepancia radique en que la regla inferior protege más que la superior (….) consiguiéndose así la “optimización de la protección ambiental”, principio que domina toda esta materia impregnada de interés público.”;  cuyos considerandos complementan técnicamente lo que aquí queda expuesto con claridad. De tal modo que, por lo menos a partir de  la Ley General del Ambiente, una norma que autoriza a municipios y comunas a menguar la protección en relación a la establecida en la ley provincial constituye una alteración del orden jurídico, en desmedro de principios y normas de jerarquía superior al tiempo que avanza sobre atribuciones exclusivas de aquéllos.

Por último, no es ocioso recordar que no sólo en nuestra provincia sino en ámbitos del Congreso Nacional han habido iniciativas con pretensiones concretas de aumentar la protección a la salud de la población y del ambiente (Expte. 2007-D-2009 –Diputado Nacional R. P. Solanas; Expte. 5857-D-2010, Diputados P.C. Merchan, G.F. Milman, V.A. Donda Perez, H.A. Alcuaz, F. F. Peralta, S.A. Basteiro, V.C. Benas, F.E. Solanas, J.J. Cardelli, E.G. Macaluse, J.A. Perie, J.G. Iturraspe, A.S. Argumedo; Proyecto 3/11 Senador  D. R. Persico, entre otras) que no es sino otra demostración de la creciente preocupación social con relación a este tema que  demanda decisiones urgentes, considerando los valores involucrados.

En razón del grave problema que hemos aquí presentado, y en función de la aplicación del principio precautorio creemos que se deben regular las aplicaciones de agroquímicos para garantizar el derecho a la salud y a un  ambiente saludable de las poblaciones sujetas a fumigación sistemáticas como consecuencia de la explotación del actual modelo de producción agraria, sustentada en la siembra directa-semillas transgénicas- utilización de crecientes cantidades de plaguicidas.

Es por ello que creemos que, considerando la magnitud de la utilización de agroquímicos en la Provincia de Santa Fe y la fragilidad de la salud que se detecta en la población de los pueblos fumigados, es fundamental prohibir todo tipo de fumigaciones aéreas de plaguicidas en todo el territorio provincial.

Así mismo, las fumigaciones terrestres deben alejarse de las plantas urbanas de pueblos y ciudades; ya que si bien su deriva es menor, esta alcanza el interior de los barrios colindantes con los sembradíos. Por lo tanto es esencial que exista una zona de exclusión libre de agroquímicos no menor a 800 metros del límite externo de las plantas urbanas de pueblos y ciudades y de 1000 mts en áreas en escuelas rurales.

En consecuencia, también es exigible prohibir la venta libre de estos productos agroquímicos nocivos para la salud y el ambiente ya que es costumbre de los muchos ciudadanos utilizarlos de forma habitual para la aplicación doméstica, careciendo de la protección adecuada para la manipulación de estas sustancias, y de la información pertinente sobre su toxicidad y su implicancia en la salud,  potenciando así el riesgo ya que estas aplicaciones son imposibles de ser controladas.


Por qué los cultivos transgénicos son una amenaza a los campesinos, la soberanía alimentaria, la salud y la biodiversidad en el planeta

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  • Ana María Primavesi
  • Andrés E. Carrasco
  • Elena Álvarez-Buylla
  • Pat Mooney
  • Paulo Kageyama
  • Rubens Nodari
  • Vandana Shiva
  • Vanderley Pignati

El material que adjunto contiene:

1. Noticia periodística P. 1
2. Carta al Papa Francisco P. 2
3. Presentación de los firmantes autores del documento P. 3
4. Documento   P. 5

Contenido del documento

Introducción
Casi veinte años de cultivos transgénicos ¿Qué nos han dado?
¿Han servido para aliviar el hambre en el mundo?
Han agravado los problemas para las bases de sobrevivencia en el planeta
¿Necesitamos cultivos transgénicos?

1. Una tecnología llena de incertidumbres e inexacta
2. Cultivos transgénicos: instrumento corporativo de control de la agricultura
3. La realidad: producen menos
4. Usan mucho más agrotóxicos, cada vez más peligrosos
5. Implican altos riesgos a la agrobiodiversidad y al ambiente
Contaminación de semillas nativas y criollas
Contaminación de agua y suelo
6. Riesgos a la salud
Efectos sobre la salud de transgénicos con la toxina Bt
Impactos a la salud de transgénicos resistentes a agrotóxicos
Malformaciones y cáncer por glifosato en cultivos transgénicos
Censura y persecución a los quienes demuestran impactos preocupantes de los transgénicos en la salud humana
7. ¿Hay ventajas con los cultivos transgénicos?
El mito del arroz dorado
¿Los transgénicos públicos son mejores?
8. ¿Quién gana y quién pierde con los transgénicos?


Firmá para pedir que no se instale en Argentina la empresa de trangénicos y agrotóxicos Monsanto.
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Firmá para apoyar al pueblo de Santa Fe que exige la prohibición de las fumigaciones aéreas.
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Para mas información comunicarse con
Adriana Arach
(011) 3264-9644
Coordinador de la Campaña
NO AGROTOXICOS/NO TRANSGÉNICOS


 Firmá al Dr. Andrés Carrasco, profesor de Embriología (UBA) e investigador del Conicet.


DESARROLLO AGROPECUARIO VS. ECOLOGIA
Los dólares de la soja hallan un límite ambiental en Córdoba

Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.

Por Victoria Rojas / Jairo Straccia


HITOS
En 2012, hubo un juicio por fumigación ilegal. El intendente de Río Cuarto, Juan Jure, no habilitó la llegada de Monsanto. | Foto: Cedoc

La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.

En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.

Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará  más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.

Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.

Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).

Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.

Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos.  “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.

La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.

En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que  la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.

“La otra mejilla”
J.S.

La multinacional fabricante de semillas transgénicas Monsanto asegura que se dio cuenta de que tiene que “cambiar”. Luego de años de silencio en los que recibió acusaciones, el gerente de Asuntos Corporativos, Adrián Vilaplana, afirma: “Nos dimos cuenta de que hay que dar un paso al frente, y si no nos creen, poner la otra mejilla”. Según el ejecutivo, no hablar ha llevado a que Monsanto hoy sea sinónimo de contaminación y de muerte. Por eso, van camino de una política de puertas abiertas. Están invitando a vecinos y ambientalistas a que conozcan la planta semillera de Rojas, en provincia de Buenos Aires. “Queremos que vengan los activistas Sofía Gatica y Raúl Montenegro, pero no vienen porque se les acaba el discurso”, desafía Vilaplana. El objetivo de Monsanto es hablar para que no haya más casos como el Soledad Berruti, la autora del libro Malcomidos, que denunció –en la revista Anfibia– hostigamientos y hasta una campaña de difamación de parte de la compañía.

Fuente: Perfil.com

Centro Ecologista Renacer
Villa Constitución- Santa Fe


1º Foro para la Construcción de nuestra Soberanía Alimentaria
(2/11/2013)
organizado por Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina

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